Plan de cabildeo, comunicación y negociación política




Desarrollo

Dirección y Negociación Política
Propuesta de ley para la creación de un sistema de Salud Universal.

Introducción.
El Sistema Nacional de Salud en México ha respondido a lo largo de siete décadas a los múltiples retos planteados por el desarrollo de un país que hoy alcanza más de 117 millones de personas, con extensiones territoriales, variaciones regionales en la distribución de la población, dispersión, marginalidad y barreras interculturales, lo cual implica importantes desafíos en términos de la prestación de servicios de muy diversa naturaleza, eficientes y de calidad. Durante estos años se han edificado diversas instituciones para la atención de la salud, la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud (SESA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y así mismo los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos y  el Servicio Nacional de Sanidad Militar ; se han llevado a cabo reformas para ir adaptando el Sistema Nacional de Salud a contextos cambiantes en cuestiones socio demográficas, en los arreglos político institucionales y en el perfil epidemiológico. Esta evolución ha sido una combinación de periodos de reformas y de consolidación. Algunos hechos recientes relevantes que dan cuenta de ello son: la inclusión del derecho a la protección de la salud en nuestra Carta Magna en 1983; la expedición de la Ley General de Salud en 1984; el proceso de descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas de los años noventa, y las modificaciones de la Ley General de Salud en 2003 para la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que entra en vigor en 2004 (COFEMEDIR , 2015)
La ciencia médica y los avances científico-tecnológicos han permitido disminuir las tasas de mortalidad general, lo que ha llevado a la población a vivir más. La esperanza de vida a lo largo de las últimas décadas ha ido en aumento. En 2012 fue de 77.3 años para las mujeres y 71.4 para los hombres, y para 2030 será de 79.4 y 74.6, respectivamente.1 Durante las últimas décadas se ha observado en el país una transición epidemiológica; es decir, se han modificado las principales causas de enfermedad y muerte. Se ha registrado una disminución de las defunciones debidas a enfermedades transmisibles, y un aumento de la prevalencia y defunciones debidas a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos; las cuales en su mayoría son prevenibles y controlables, pero aún no son curables y generan presiones financieras en las instituciones públicas de salud. En el caso de la diabetes mellitus, es de resaltarse que en las últimas tres décadas la tasa de mortalidad debido a esta causa se ha incrementado casi tres veces, pasando de 21.9 defunciones por cada 100 mil habitantes en 1980, a 69.9 en 2011. Así, la mayor esperanza de vida no necesariamente se ha traducido en que las personas vivan de forma más saludable. Además de estos retos, hoy persisten deudas con diferentes grupos sociales que viven en condiciones de vulnerabilidad. En las entidades federativas más marginadas coexisten la desnutrición y las enfermedades infecciosas, además de las ECNT y las lesiones como principales causas de muerte (COFEMEDIR,2015).

Análisis estratégico.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los sistemas de salud deben proporcionar a toda la población el acceso a servicios sanitarios necesarios, incluida la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación de calidad y garantizar que el uso de estos servicios no expongan al usuario a dificultades financieras.
Los distintos servicios de salud en México coexisten realizando su labor por separado con recursos propios y de forma exclusiva a sus afiliados, con un patrimonio propio y cuerpo administrativo independiente, han fraccionado y regionalizado la Salud, haciéndola incluso muy diferente en un sistema y en otro, y discriminando por su acceso a la población no afiliada. Lo anterior se observa de forma muy clara al darnos cuenta que el Sistema de Protección Social en Salud en su Catálogo de Atenciones a los derechohabientes (CAUSES) contempla un número limitado de intervenciones, dejando desprotegidos a los ciudadanos con enfermedades no contempladas en el mismo. Es evidente que la existencia de atención diferenciada en los sistemas de salud viola el principio de igualdad, limitando también el acceso a la salud universal garantizado en la Constitución Mexicana (Juan,2014).
La propuesta de ley que se presenta propone unificar el sistema de Salud en un Solo Sistema de Salud Nacional, que desaparezca las barreras de acceso entre las diferentes instituciones, con un solo órgano directivo nacional, financiamiento público por medio de un presupuesto anual programado y cuotas mensuales a los trabajadores formalizados así como cuotas de afiliación anual a trabajadores informales en base a su nivel socioeconómico. A diferencia de otros proyectos de ley que incluyen la integración de aseguradoras privadas que manejen los recursos en este documento se propone que el recurso público sea manejado por el mismo sistema en apego a las normas de transparencia y rendición de cuentas (COFEMEDIR,2015).

Marco jurídico.

  • La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.”
  • El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
  • No obstante, unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios.
  • Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios.
  • La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud.
El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación (SSA,2014).
El derecho a la salud abarca libertades y derechos.
  • Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos) sin injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y experimentos médicos no consensuados).
  • Los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.
Las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada persona (SSA,2014).
 Las intervenciones para conseguir el acceso universal a los servicios de salud por medio de un Programa Nacional de Salud se rigen por principios y acuerdos internacionales a los cuales México se encuentra adherido y que incluyen:
  1. No discriminación: el principio de no discriminación procura garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social1.
  2. Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.
  3. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
    • no discriminación;
    • accesibilidad física;
    • accesibilidad económica (asequibilidad);
    • acceso a la información.
  4. Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital.
  5. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.
  6. Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos.
  7. Universalidad: los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, deben poder ejercerlos.
Causa social.
Los grupos sociales vulnerables y marginados suelen tener menos probabilidades de disfrutar del derecho a la salud. Tres de las enfermedades transmisibles más mortíferas (paludismo, VIH/sida y tuberculosis) afectan desproporcionadamente a las poblaciones más pobres del mundo e imponen una carga tremenda a las economías de los países en desarrollo. Por otra parte, la carga de morbilidad por enfermedades no transmisibles, que con frecuencia se piensa que afectan a países de altos ingresos, está aumentando desproporcionadamente en los países y las poblaciones de bajos ingresos (SSA,2014).
En los países, algunos grupos de población, por ejemplo las comunidades indígenas, están expuestos a mayores tasas de enfermedad y afrontan dificultades importantes para acceder a una atención sanitaria de calidad y asequible. Estos grupos registran tasas de mortalidad y morbilidad sustancialmente más altas que la población en general, a consecuencia de enfermedades no transmisibles tales como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades respiratorias crónicas. Las personas particularmente vulnerables a la infección por el VIH, incluidas las mujeres jóvenes, los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables, suelen pertenecer a grupos desfavorecidos y discriminados social y económicamente. Esos grupos vulnerables pueden ser víctimas de leyes y políticas que agravan la marginación y dificultan más aún el acceso a servicios de prevención y atención (SSA,2014).
Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos y el acceso universal a la salud ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios.

Grupo de destinatarios. El principal objetivo de esta iniciativa son los sectores más vulnerables del País quienes viven en zonas rurales o incluso urbanas con gran predominio de pobreza y marginación, y por pertenecer la mayoría al sector económico informal carecen de acceso oportuno a las atenciones primarias de salubridad. En estos segmentos los más desfavorecidos de la sociedad se concentran el mayor gasto de bolsillo en salud, por ello la aprobación de una ley de salud universal garantizaría su acceso a este derecho humano fundamental (Juan,2014).
Agentes de cambio. El factor fundamental para impulsar la presente iniciativa es generar una gran alianza entre los actores políticos y asociaciones civiles defensoras o promotoras de los derechos humanos. La parte fundamental y que requiere de un esfuerzo de planeación sin precedente es la de integrar todos los subsistemas de salud en uno solo y que nazca una burocracia eficiente y transparente en el manejo de los recursos asignados. A favor se tiene la presunción de que la propuesta bien estructurada hará nacer defensores naturales que puedan impulsar la iniciativa.
Estrategias de cabildeo. El plan de cabildeo se basa en la formación de un grupo político fuerte que arrope la iniciativa y que pueda rodearse de expertos reconocidos en la materia capaces de llevarla a cabo, una estrategia de comunicación clara y objetivos comunes pueden lograr la empatía necesaria con el público. La negociación con los grupos contrarios deberá establecerse de forma inmediata para evitar una escalada de protestas y presión mediática
Plan de comunicación. El plan de acción deberá basarse en una estrategia clara de promoción de los beneficios de la iniciativa principalmente el de otorgar atención integral en salud, abolir el gasto de bolsillo y hacer equitativo el acceso. El principal medio de comunicación ´para lograr un acceso masivo a la opinión pública es la televisión mediante entrevistas que permitan explicar las características de la iniciativa, por otro lado las redes sociales se han convertido en un factor crucial en la comunicación de contenido político para un público más crítico y con mayor nivel educativo, por lo que será fundamental una amplia campaña en estos medios.
Plan de negociación. Entre los objetivos políticos principales se encuentra el obtener un amplio apoyo de las bancadas políticas lo cual solo se puede lograr generando un apoyo masivo de la sociedad civil , lo anterior será muy importante para que se incluyan en las mesas de trabajo expertos en la materia que establezcan mecanismos eficaces y sustentables de financiamiento. En el grupo contrario a la iniciativa se agruparan los sindicatos de los diversos subsistemas de salud constituido con gran poder e influencia dentro de la institución, los cuales por temor al cambio y además a perder sus privilegios desconfiaran de la iniciativa, por lo que abra que armar un plan de contingencia que incluya sesiones informativas con los grupos sindicales y los sectores obreros patronales para explicar las ventajas de un sistema universal , la principal es multiplicar de forma exponencial el número de establecimientos de salud a los que pueden acudir mejorando la atención y el acceso. Para ello deberemos contar con negociadores bien capacitados para explicar dichas ventajas. Entre los planes de contingencia deberá considerarse la generación de marchas , plantones y presión mediática en contra de la iniciativa por parte de los grupos afectados.



Conclusión

México encara importantes retos para lograr un Sistema Nacional de Salud Universal, con protección financiera pública para toda la población. Enfrenta un acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), vinculado a cambios en los estilos de vida y el envejecimiento de la población. Existe amplio consenso de que, para enfrentarlo, se requiere una profunda reforma institucional que permita mayor inversión en recursos humanos, infraestructura e innovación al modelo de atención a la salud. En esta reforma debe replantearse la relación entre la sociedad civil y el gobierno a fin de integrar redes efectivas de atención a la salud y movilizar los recursos financieros requeridos para solventar la demanda de los servicios de salud requeridos (SSA,2014).
El Sistema Nacional de Salud ha logrado una alta cobertura para intervenciones dirigidas a abatir las necesidades de salud de los niños y adolescentes, misma que puede medirse en 71% considerando nueve indicadores de tamizaje, control del niño sano, vacunación y atención prenatal. La cobertura de detección y prevención de enfermedades agudas en adultos logró una cobertura de 68% de las necesidades en atención prenatal y del parto y vacunación (SSA,2014).



No obstante, la cobertura de intervenciones dirigidas a las ECNT sólo alcanza 28% de las necesidades. Se cubren en este indicador mediciones específicas en las áreas de detección de cáncer cérvicouterino y de mama, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia y sobrepeso y obesidad. Se incluye también el control del diabético, considerando un alcance en este indicador de 45%, al ajustar el control observado de 25% a la cobertura efectiva de la mejor práctica internacional (Juan,2014).
La protección financiera de la población requiere de la conformación de fondos mancomunados con base en aportes solidarios y equitativos a nivel nacional. Se requiere, también, de su asignación ordenada y transparente hacia los ciudadanos con base en sus derechos financiados. México ha realizado importantes esfuerzos en esta dirección, señaladamente con fondos como los del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular. Resumen Ejecutivo Diagnóstico de los retos al Sistema Nacional de Salud Universal 10 En el análisis de la protección financiera es importante considerar la rotación laboral entre los sectores formal e informal así como la falta de coordinación entre los fondos que ocasiona importantes traslapes en la asignación financiera, así como vacíos de cobertura. Así, el Estado asigna fondos a más del 100% de la población, pero al depurar los padrones y listas se ponen en evidencia que todavía 16% de los mexicanos carecen de protección financiera. Esta población, que asciende a 19 millones, está compuesta por partes iguales de población de clase media que depende del empleo por cuenta propia y de población en condiciones de pobreza. Ambas poblaciones son susceptibles de ser afiliadas por el Seguro Popular.
El gasto de bolsillo en salud asciende en México a 44% del gasto total en salud. Esta proporción coloca al país entre los que presentan el gasto de bolsillo más alto a nivel mundial, a la par de países de ingresos muy inferiores. Si bien el gasto de bolsillo mostró una ligera reducción en la última década, tuvo un repunte en los últimos años. La inversión en salud en México está muy por debajo de lo requerido para ofrecer los servicios de salud requeridos. México gastó 6.2% del PIB en salud en 2013, y de este gasto, la inversión pública en infraestructura fue de 0.088% del PIB, esto es, 1.4% del gasto en salud. La inversión anual promedio entre 2002 y 2009 fue de 0.11% del PIB. México debe multiplicar al menos por 7.5 veces el nivel actual de inversión en salud, aun sin contar la inversión en consultorios médicos adicionales, en renovación de infraestructura y en capacitación del personal en servicio. El déficit de inversión asciende, así, al menos a $1,039 mil millones de pesos en 2015, y se acumularía a 2030 a $1,523 mil millones, de mantenerse las tendencias actuales de incremento en las necesidades de salud como en los recursos y servicios del Sistema Nacional de Salud (SSA,2014).

México encara grandes retos para lograr la inversión y el crecimiento de los servicios de salud para dar cuenta de las necesidades de salud, particularmente del peso de las ECNT, estimadas en 17.2 AVISA por cien habitantes para 2015 y proyectadas para alcanzar niveles entre 19.7 y 22.7 para 2030, esta última cifra superior a la prevalentes en los países de la OCDE en promedio en 2010. Las tasas de AVISA por ECNT incrementarán muy probablemente, así, entre 15% y 32% en tan sólo quince años. Lograr las consultas médicas y los egresos hospitalarios por habitante requeridos para hacer frente a estas necesidades de salud significa incrementar 59% el total de médicos y 86% el total de camas, de no modificarse el modelo de atención (SSA,2014).

Es fundamental reconocer el doble reto que encara el Sistema Nacional de Salud: la brecha creciente de recursos y la ineficiencia en la gestión de los mismos. Estos retos se relacionan, pues de no mejorar la eficiencia tampoco se abrirán los causes a la mayor inversión requerida. El diagnóstico arroja mayores elementos para confirmar la necesidad urgente de profundas reformas que permitan la participación de la sociedad civil hacia la constitución de redes integradas mediante el financiamiento y la prestación de servicios de salud, a la vez que introduzcan mecanismos que estimulen la competencia al interior de las instituciones públicas. El Plan Nacional de Desarrollo apunta a duplicar el número de médicos y enfermeras al final del sexenio. Si bien estas son metas ambiciosas, cabe sugerir que se requieren vigorosas estrategias de colaboración entre sociedad y gobierno para cerrar las brechas de satisfacción de las necesidades crecientes de salud. La población sigue expuesta a realizar gastos excesivos en salud de bolsillo, en un contexto donde 44% del gasto total en salud se caracteriza por realizarse a expensas del presupuesto familiar al momento de resolver las necesidades de salud. El gasto de bolsillo se manifiesta como una importante barrera al acceso de servicios de salud y a la calidad de los mismos y afecta de manera muy importante a todos los grupos de ingreso, sin importar si cuentan o no con protección financiera por parte de las instituciones públicas (SSA,2014).
El hecho de que las instituciones públicas de protección financiera designan también la utilización de prestadores públicos sin libertad de elección aun a su interior representa una fuente de ineficiencia en la medida en que elimina la competitividad de los prestadores. Se fomenta, así, una protección de los derechos de los trabajadores de la salud en ausencia de mecanismos institucionales que garanticen la respuesta a las necesidades sentidas de los beneficiarios. La integración vertical del financiamiento y de la prestación es un serio problema en un contexto donde hasta 30% de los usuarios de servicios de salud cambian su condición de aseguramiento en un año y, así, a los prestadores de servicios de salud. Hasta 35% de los usuarios se ven así obligados a utilizar servicios de salud de consulta externa del sector privado y, en menor medida, de otras instituciones. Todos los grupos socioeconómicos sufren las consecuencias de un sistema de salud segmentado (SSA,2014).
El alcance de la cobertura universal requiere reformas enfocadas hacia la reorganización de los servicios de salud en torno a necesidades y expectativas de la población, logrando la mayor relevancia social de los servicios así como mejores resultados. Se sugiere enfocar en modelos de gestión que eviten los extremos de comando y control, por un lado, y de laissez faire o mínima intervención en el mercado, por el otro. Estos extremos son ahora los que caracterizan al Sistema Nacional de Salud en sus sectores público y privado, respectivamente. Se sugiere un enfoque en la complejidad de los sistemas de salud, con políticas de financiamiento y de coordinación de redes de servicio con una amplia participación de la sociedad y del gobierno (Juan,2014).

Referencias

COFEMEDIR (2015).Análisis de los retos al sistema nacional de salud universal. Obtenido el 30 de septiembre de 2017 de: http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/10/Diagnostico-del-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf

Juan ,M.(2014).Hacia un sistema de salud universal. Obtenido el 30 de Septiembre de 2017 de: http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2014/cc141n.pdf

Secretaria de Salud de México (2014). Sistema Nacional de Salud Universal: experiencia en México. Obtenido el 29 de Septiembre de 2017 de: http://www.paho.org/forocoberturagt2014/wp-content/uploads/2014/08/Sistema-Nacional-de-Salud-Universal-experiencia-en-Mexico.pdf

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